Deshonrar la vida

Por Mariano Oviedo

La OMS define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. La imposibilidad de tener un hijo es una deficiencia que puede afectar en forma real la calidad de vida siendo que la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de la pareja, además de su derecho de procrear. Entonces si la infertilidad es una enfermedad, ¿por qué hay partidos políticos, prepagas e instituciones que se oponen o ponen límites a esta ley? La respuesta es una sola: el interés económico.

Al momento de sancionarse la ley, bloques políticos como el Pro se abstuvo en la votación ya que “la prioridad es que el sistema de salud funcione”, así declaró Mauricio Macri en un audio de Radio La Red. Como si darle la oportunidad a un hombre o a una mujer de ser padres no sea algo central en la vida de cualquier ser humano.

Quizás al momento de abstenerse no se piensa en las miles de personas y familias que no tienen el suficiente dinero para realizar estos tratamientos de reproducción asistida que, además de ser muy costosos, normalmente se realizan más de uno ya que es muy difícil que en el primer intento tengan un resultado exitoso.

En estos momentos, la Ley de Fertilización Asistida está en plena vigencia, y la mayoría de las obras sociales y prepagas están en la obligación de cubrir los tratamientos. Las obras sociales que dependen de los gobiernos provinciales deben esperar la adhesión de su provincia a la ley Nacional. Sólo Chubut, Santa Fe, La Rioja y La Pampa adhirieron a la Ley, aún se espera a las demás provincias y también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, los pacientes reportan que obras sociales y prepagas están poniendo trabas para demorar el cumplimiento.

Trabas como test socio ambientales, psicológicos y hasta actas de matrimonio de las parejas son las que se ponen en las obras sociales privadas para no cumplir la nueva ley; obviamente todo es ilegal ya que, lo que postula esta ley progresiva e inclusiva es todo lo contrario: ni límites, ni restricciones, ni papeles.

“Esta ley es una aberración científica”, dijo el gerente médico de OSDE Luis Fontana en una nota con Télam. Claro, no es “negocio” para ningún empresario de prepaga que sólo piensa en el rédito económico que pueden sacar de la situación y no en las familias que día a día luchan control el dolor y la frustración de perder un sueño.

Hace años esta ley era un sueño y hoy es realidad. Se sabía y se intuía que iba a haber muchos cuestionamientos acerca de esto. Los tratamientos son muy costosos, pueden llegar a los 50.000 pesos y por eso hasta ahora sólo tenían hijos por fertilización quienes tienen dinero.

Pero la infertilización no hace distinción de clase alguna. Ahora hay una Ley Nacional y hay que cumplirla, quieran o no.