Se sabe que este año se aprobó la ley
que obliga a obras sociales y coberturas médicas a cubrir todos los
procedimientos a los que se deben someter las parejas que, por problemas de
infertilidad, no puedan concebir un hijo de manera natural. También se sabe que
fue el resultado de incansables luchas, de “tira y afloje” y de idas y venidas.
Pero lo que queda por saber es qué pasará ahora, ¿De qué manera esta nueva legislación repercute en el contexto social? Por un lado están los que salen
beneficiados, por otro las obras sociales y por último la gente en general.
Esta nueva ley es amplia e inclusiva, no
discrimina por edad, orientación sexual o estado civil.
No solo brinda acceso completo a los
procedimientos de reproducción médica asistida sino también a todos los
tratamientos médicos y/o psicológicos de las personas que así lo requieran.
Esto significó no solo un gran paso a nivel
medico y constitucional de la Nación Argentina, sino que le permitió a miles
de mamás y papás vislumbrar un rayo de esperanza hacia la posibilidad de poder
formar una familia.
Pero esta nueva norma no resulta tan
beneficiosa para todos, en la dimensión del sistema de salud el abordaje tiene aristas diferentes;
para este representa un gran desafío mantener estable el funcionamiento de los
establecimientos médicos y al mismo tiempo brindar una buena cobertura de los
procedimientos de fertilización asistida con un ajustado sostén económico.
Si se tiene en cuenta que hay una relación
estrecha entre la accesibilidad, la calidad y los costos en salud, en donde si
un factor se modifica, necesariamente se modificará al menos uno de los otros
dos. Podremos suponer que al aumentar el acceso a los servicios brindados por
la ley van a aumentar los costos y/o a disminuir la calidad de atención (de
este servicio y de otros brindados actualmente). Las empresas privadas
seguramente buscarán mecanismos para oponerse diplomáticamente (como ocurre actualmente) dificultando la
adhesión de las provincias a la ley, o bien procurarán trasladar parte de esos
costos a los usuarios aumentando la cuota a todos los afiliados, dificultando
el acceso general a los servicios de salud. Pero los que no puedan hacer esto,
deberán reasignar recursos que estaban previamente destinados a otros servicios
disminuyendo así la calidad de atención o desarrollo de los mismos.
Y luego de todo esto, está la sociedad en
general, aquella sociedad que debió vivir el enfrentamiento incansable para que
la ley fuera promulgada a través de los diarios, la televisión, la radio e
internet. Aquella sociedad que la vio crecer sin participar pero que también la
vivió sin actuar. Al analizar esta ley comprendemos que este nuevo derecho tan
inclusivo viene de la mano de un pueblo más tolerante y abierto. Cuando fue promulgada tuvo un fuerte apoyo
por parte de la gente, lo que puede significar una batalla ganada a todos aquellos
estigmas sociales, culturales y religiosos que giraban en torno a la
fertilización asistida.
Tiene un espíritu moderno y progresista,
pudiendo generar cambios importantes en la conformación de la sociedad y en sus
valores.
Sin embargo, existen puntos
débiles que son necesarios resaltar; para que la ley pueda ser aplicada de manera efectiva y que al mismo tiempo los demás tratamientos médicos no
se vean afectados; es necesario asegurar una fuente segura de ingresos que cubra
los nuevos costos sin quitarle recursos a otros temas (tanto sanitarios como
sociales) y de esta manera lograr una "saludable" equidad.
Es aquí que nos interesa plantear el impacto de esta ley, para poner en relieve todo lo positivo y alertar sobre las dificultades, fundamentalmente financieras, que deberá sortear para su plena aplicación. Entonces podremos afirmar que representó un cambio enorme para
miles de personas y futuras nuevas familias. Somos concientes de las
dificultades que conlleva, pero entendemos que la lucha no acaba hasta que
todas y cada una de las parejas que quieran concebir su propio hijo puedan
hacerlo de forma libre, segura y gratuita.
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