Por María Paula Rodríguez
La Ley Nacional de Fertilización
Asistida, según el decreto que la reglamenta, “tiene por objeto garantizar el
acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida”. Estas palabras que tan frías y vacías suenan, significan
nuevas vidas en camino, nuevos sueños por cumplir y familias por formar. La ley
Contribuye con el derecho humano de poder concebir un hijo, en particular, el
de las personas que biológicamente no pueden hacerlo.
La medida recibió numerosos rechazos
por parte del partido político el Pro, antes de su sanción, y de
las empresas de medicina prepaga que resultan afectadas económicamente en su
aplicación. Sin embargo, ni la ley en sí, ni dichos rechazos son casuales. ¿Será
que la norma apoya un modelo de país que se viene construyendo desde la última
década y eso es lo que molesta a dichos grupos que se le oponen?
Desde el 2003, se vienen implantando en el país
medidas que tienen en cuenta las demandas sociales por sobre los intereses
empresariales y específicamente, desde el 2007, el congreso ha sancionado
varias leyes que mejoran el acceso a la salud pero afectan la rentabilidad de
las empresas privadas. Según un artículo de la agencia Télam, se trata de las
leyes de medicación por hepatitis crónica, de ligadura de trompas, de
tratamiento hormonal de emergencia, de drogadependencia, de conductas
alimentarias, de obesidad mórbida, de celiaquía, de asistente domiciliario, de
discapacidad, de alcoholismo y la más reciente, la de fertilización asistida.
El 5 de junio del 2013, cuando la ley fue
sancionada por la Cámara de Diputados, nueve de ellos, pertenecientes al PRO,
decidieron abstenerse y otro
pronunciarse en contra (Julio Ledesma, de la Corriente de Pensamiento Federal). Los funcionarios del partido de derecha fueron muy
criticados por su decisión, ya que sus
explicaciones consistían en pequeñas diferencias en cuanto a la reglamentación
de la ley y ésta contaba con un amplio consenso social. Los diputados aclararon que desde el partido
les habían dado libertad para la votación (no todos votaron en contra), pero el
mismo Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente
del partido, avaló el voto negativo de los funcionarios, declarando a Radio La
Red: ”Creo que en este momento la prioridad es que el sistema de salud funcione
en prestaciones en las que se va la vida de la gente“ y además destacó: “hay que lograr que se haga
con mucho cuidado, porque es una prestación muy costosa“.
Es decir, que al dirigente del Pro le parece “muy
costoso” que miles de personas en la Argentina puedan conseguir el sueño de
poder realizarse estos tratamientos de forma gratuita para poder tener un hijo.
Pero no sólo son estos tratamientos los que le parece un gran gasto, sino todo
lo referente a la salud pública. Esto se puede percibir a través de sus
gestiones. Según el blog Salud y Comunas, el gasto presupuestario en publicidad
y propaganda en el primer trimestre de 2012 fue de $ 86.097.356, mientras que
para obras en educación $ 11.186.812 y en salud $ 4.310.968.
Tampoco hay señales de apoyo a la ley luego de la sanción
ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no ha adherido a la norma nacional
ni se muestra con intención de hacerlo.
Además, Mauricio Macri y el Pro se han mostrado en
contra de todo tipo de iniciativas del gobierno nacional, no sólo con la Ley de
Fertilización sino también con la Ley de Medios y con la Ley de Matrimonio
Igualitario. Estas pruebas llevan a pensar que la intencionalidad del voto no
estuvo en las “diferencias”, sino en la oposición a un modelo de país que no
quieren dejar crecer.
En cuanto al sector privado, también puede
vislumbrarse una intencionalidad en un sentido parecido al anterior, y por
sobre todas las cosas, un interés económico. En un reciente encuentro sectorial
realizado en Bariloche, el gerente médico de OSDE, Luis Fontana, calificó a la
Ley de Fertilización Asistida como "la frutilla de la torta, de la fiesta
de leyes de salud sancionadas espasmódicamente desde 2007 hasta la fecha".
Es claro que esta reacción se da porque en realidad a estas empresas sólo les
interesa el dinero y no la salud de sus pacientes y por eso es que no dudan en
arremeter contra las propuestas
inclusivas del gobierno en materia de salud.
Según la Ley de Fertilización Asistida, tanto los
hospitales públicos, como las obras sociales y las empresas prepagas, deben
cubrir los tratamientos de fertilidad a sus usuarios sin ningún requisito por
edad, género ni condición civil. Obviamente, hay una reglamentación que
especifica cuáles y cuántos tratamientos pueden cubrirse por año, pero esto no
impide que estas entidades ignoren la ley e impongan propias condiciones y
trabas para impedir el derecho que se quiere garantizar a partir de dicha
norma.
Las irregularidades nombradas anteriormente, no son
sólo denunciadas por los pacientes, sino que las mismas instituciones privadas
las admiten, justificándose con argumentos sin sentido y poniendo excusas que
poco tienen que ver con el trabajo que les corresponde como empresa. Entre éstas se destacan
problemas de mujeres con edad muy avanzada, parejas de mujeres homosexuales que
desean realizar el tratamiento con las células sexuales de una y el útero de la
otra, o parejas homosexuales masculinas que ante la negativa vuelven
acompañados de mujeres por lo que la empresa vuelve a rechazarlos al considerar
el caso como alquiler de vientre, ilegal en nuestro país.
Todas estas cuestiones civiles no tendrían que ser
preocupación de las empresas, sino que estos casos particulares deberían ser
analizados por la justicia, como ocurre con otras leyes como el aborto, que
aunque es ilegal, sí puede darse en casos excepcionales. En el mismo sentido
opinó María Elena Cabral, de la asociación Abrazo x Dar Vida para Télam, quien
dijo que "a las prepagas tiene que interesarle la parte médica y no la
jurídica", y subrayó que "ellas son prestadoras de salud y no
deberían meterse en cuestiones civiles".
La situación requiere mejoras urgentes y las
asociaciones civiles y la gente dicen no rendirse ante esta lucha que recién
comienza a dar sus frutos. Denuncias, campañas y reclamos se destacan entre sus
principales acciones.
Como se dijo anteriormente, la Ley de
Fertilización sigue recibiendo negativas por parte de dirigentes y de
las empresas prepagas. Se actúa de esta manera porque el modelo de país que ha
llevado a la creación de este tipo de normativas, los perjudica. Ya sea
política o económicamente, este proyecto que incluye a millones de personas que
antes no contaban con un respaldo, les resulta incompatible con sus intereses y
prioridades. Mientras tanto se puede festejar: hay Ley de Fertilización
Asistida para rato y se esperan más leyes de este estilo que vengan a llenar
los espacios vacíos en las distintas problemáticas sociales.
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